El País de los Prodígios.[Urbanísticos, se entiende]

Navengando por el diario el Mundo he descubierto un reportaje sobre la corrupción urbanística en este país que se titula "Ladrillo a Ladrillo" y que está bastante bien para tener una visión general de la corrupción urbanística de nuestro país.

Se apuntan los factores que han generado-propiciado-desarrollado este fenómeno y que van desde los empresarios y políticos sin escrúpulos y ambición sin límites, hasta los partidos políticos, las coyunturas económicas favorables y el sistema urbanizador de este país que, indirectamente, fomenta-ampara este fenómeno.

http://www.elmundo.es/especiales/2006/11/espana/corrupcion_urbanistica/index.html

En el especial se reproducen las medidas que se deberían tomar para luchar contra la corrupción que, como me parecen muy interesantes, paso a reproducir a continuación. Básicamente propone que los poderes públicos sean los encargados de urbanizar el territorio, de modo que las plusvalías generadas reviertan directamente en la sociedad y no en el bolsillo de aquellos que por herencia o información privilegiada poseen los terrenos rústicos. Evitar, en definitiva, que una linea realizada por un delineante en un despacho de arquitectura suponga la diferencia entre tener un suelo rústico de secano del que sólo se sacan almendras [cuando no se hielan, claro] o un suelo urbanizable donde se pueden construir dos hoteles de lujo.

Decálogo anticorrupción de MANUEL VILLORIA
*Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Es experto en corrupción, autor del informe 2006 sobre corrupción en España de la ONG Transparency International y ha escrito el libro 'La corrupción política' (Síntesis, 2006)

1. Eliminar la calificación del suelo; en el suelo se debe construir o no en función de la decisión de la comunidad correspondiente a través de sus representantes y expresada en el Plan. Evidentemente, habrá suelo especialmente protegido por razones paisajísticas, medioambientales o culturales de acuerdo a criterios nacionales y/o autonómicos.

2. Aplicar la Ley de Expropiación Forzosa a todo suelo en el que se vaya a desarrollar el plan y, en consecuencia, sobre el que se vaya a construir. Ello implica que se paga un justiprecio en función de su valor agrícola, no en función del valor virtual que le otorga el vuelo o lo que se construiría encima.

3. Establecer que la obligación de urbanizar corresponde a la autoridad local expropiadora, de acuerdo con el plan legalmente aprobado.

4. Promover que la autoridad que tiene que urbanizar contrate con empresas, especializadas en urbanizar y construir, dicha actuación urbanizadora, mediante contratos públicos, competitivos y transparentes.

5. Prohibir los contratos urbanísticos, pero flexibilizar la modificación de planes garantizando la transparencia y la participación ciudadana.

6. Reformar la normativa de incompatibilidades de concejales y alcaldes, de forma que se les apliquen, con ligeras matizaciones, las normas sobre conflicto de intereses e incompatibilidades que se aplican a los altos cargos del Estado. Por ejemplo, la prohibición de trabajar, en los dos años siguientes a su cese, para empresas con las que tuvieron relación durante el ejercicio de su cargo.

7. Remitir la declaración de intereses de los concejales y alcaldes a la Oficina de Conflictos de Intereses del Estado, a la cual se independiza del Gobierno y se le reconoce el derecho a solicitar datos de Hacienda, bancos y notarios y registradores para la detección de casos de corrupción. Al tiempo, reforzar la fiscalía anticorrupción y se especializan jueces en ese ámbito.

8. Establecer como delito, castigado con penas de hasta dos años de prisión, la no entrega de la declaración de intereses o el falseamiento de datos.

9. Reformar la financiación de los gobiernos locales a efectos de adecuar ingresos a competencias realmente ejercidas.

10. Modificar la normativa de financiación de partidos, de forma que se prohíban las donaciones opacas, se refuerce la independencia del órgano fiscalizador de sus cuentas y se les requiera mayor transparencia en sus ingresos y gastos.

Evidentemente, se admiten comentarios.